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Plataforma ciudadana para la reforma legal e institucional de España

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Manifiesto por Una España

La plataforma Una España promoverá, por medios democráticos y conforme al Estado de Derecho, las siguientes reformas legislativas y, cuando sea necesario, constitucionales.

1. Control fronterizo y política migratoria

Reforma de la legislación de extranjería para reforzar la protección de las fronteras, agilizar los procedimientos de devolución y expulsión, y mejorar la cooperación internacional en materia migratoria.

Se promoverá la modificación de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, así como de la normativa complementaria en materia de seguridad fronteriza, con el objeto de:

a) Establecer procedimientos ágiles de identificación, tramitación y resolución de los expedientes de devolución, retorno o expulsión de quienes accedan al territorio nacional de forma ilegal.

b) Reforzar los medios humanos, materiales y tecnológicos destinados a la protección efectiva de las fronteras nacionales, especialmente las compartidas con países abiertamente hostiles con España.

c) Garantizar la plena cooperación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las autoridades judiciales y las administraciones competentes en materia migratoria.

d) Intensificar los acuerdos de cooperación internacional sobre readmisión de extranjeros que carezcan de derecho de permanencia en España.

2. Seguridad Fronteriza y nacional

Refuerzo de los medios destinados a la protección de Ceuta, Melilla, Canarias y las fronteras nacionales, incluyendo una mayor participación de las Fuerzas Armadas en funciones de apoyo a la seguridad y, en su caso, de actuación inmediata bajo el principio de proporcionalidad.

Se impulsarán las reformas legales necesarias para permitir una participación reforzada de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a la protección de las fronteras nacionales, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Asimismo, se promoverá la revisión de los instrumentos diplomáticos y de cooperación con terceros Estados cuando se produzcan actuaciones que comprometan gravemente la integridad territorial o la seguridad de España.

Activación directa del Estado de Sitio en los casos de ataque directo a las fronteras españolas, al territorio nacional o a sus ciudadanos en el extranjero, incluyendo la guerra híbrida y los actos de terrorismo.

Declaración institucional de enemigos de España sobre aquellos países que muestren una hostilidad manifiesta o que hayan sido colaboradores en actos que, abiertamente o de forma velada, busquen la inestabilidad nacional o institucional.

3. Extranjería y seguridad pública

Impulso de medidas que permitan una identificación más eficaz de las personas en situación administrativa irregular y una mayor cooperación judicial y policial frente a quienes sean reclamados por la justicia.

Modificación de la normativa de extranjería con los siguientes objetivos:

a) Incrementar la eficacia de los procedimientos de localización e identificación de personas en situación administrativa irregular.

b) Agilizar los procedimientos de retorno o expulsión cuando concurran los requisitos legalmente establecidos.

c) Reforzar los mecanismos de cooperación judicial y policial internacional para la localización de personas reclamadas por delitos tipificados en el ordenamiento jurídico español aún siendo cometidos en el extranjero.

4. Nacionalidad e integración

Reforma del régimen de adquisición de la nacionalidad española para reforzar los requisitos de integración, conocimiento constitucional y compromiso con los principios democráticos y nacionales.

Se promoverá la modificación del Código Civil para reforzar los requisitos de integración exigibles para la adquisición de la nacionalidad española.

Dicha reforma podrá incluir:

a) Una evaluación reforzada del conocimiento de la Constitución, de las instituciones del Estado y de la historia y los valores de España.

b) Una declaración solemne de compromiso con el orden constitucional, los derechos fundamentales, la legalidad y los principios democráticos.

c) La acreditación efectiva de integración social y lingüística en aquellos supuestos en que resulte legalmente procedente.

5. Ayudas y prestaciones públicas

Establecimiento de criterios objetivos vinculados a la residencia legal, la integración, la contribución al sostenimiento de los servicios públicos y la situación económica del solicitante.

Se promoverá la modificación de la legislación reguladora de prestaciones, ayudas y subsidios públicos para incorporar criterios objetivos relacionados con:

a) La residencia legal y efectiva en España.

b) La contribución al sostenimiento de los servicios públicos.

c) La participación en programas de integración, formación o inserción laboral cuando resulten aplicables.

d) La situación económica y familiar del solicitante.

6. Prioridad nacional en políticas públicas

Promoción de reformas legales y constitucionales para permitir que las ayudas y políticas financiadas con fondos públicos puedan establecer criterios de prioridad en favor de los ciudadanos españoles.

Se promoverá una reforma constitucional que habilite al legislador para establecer mecanismos de prioridad para los ciudadanos españoles en el acceso a las prestaciones, ayudas o políticas financiadas íntegramente con fondos públicos.

Revisión de los compromisos internacionales asumidos por España en esta materia.

7. Sostenibilidad de los servicios públicos

Revisión de la normativa sanitaria y asistencial para garantizar la sostenibilidad del sistema y vincular determinadas prestaciones a criterios de ciudadanía, residencia legal o contribución al sistema.

Se promoverá la revisión de la legislación sanitaria con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema nacional de salud. A tal efecto podrán establecerse diferentes regímenes de acceso a las prestaciones no esenciales, atendiendo a criterios de ciudadanía, residencia legal, cotización o contribución al sistema, siempre dentro del marco constitucional.

Revisión de las obligaciones internacionales asumidas en esta materia.

8. Acción social

Creación de un sistema nacional de coordinación de las políticas sociales que refuerce la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos destinados a la acción social.

Se impulsará una Ley Orgánica de Coordinación Nacional de la Acción Social que refuerce la capacidad de planificación, coordinación y evaluación de las políticas sociales por parte de los poderes públicos.

La actuación de entidades privadas y organizaciones sociales (ONGs) quedará limitada a la colaboración con los poderes públicos bajo su orden y criterio.

9. Cultura e identidad nacional

Promoción y protección del patrimonio histórico, cultural, lingüístico y tradicional de España, favoreciendo la transmisión de los elementos que conforman la identidad común de la nación.

Se promoverá una Ley de Protección y Promoción de las Culturas de España destinada a fomentar el conocimiento, conservación y difusión del patrimonio histórico, cultural, lingüístico y tradicional de España.

Dicha ley prestará especial atención a la transmisión de las tradiciones históricas, al fortalecimiento de la identidad cultural común y a la preservación de la diversidad cultural propia de España.

10. Reforma electoral

Promover una reforma de la legislación electoral que garantice una representatividad real del pueblo en los órganos representativos e instituciones del Estado.

Diseño de un sistema electoral que traslade de forma directa los resultados a escaños, anulando la representatividad ponderada actual.

Inclusión en la ley electoral de un capítulo dedicado a la formación de gobierno que prohíba expresamente las coaliciones promovidas por partidos que no hayan alcanzado el mayor número de votos.

Disposición final

La plataforma Una España impulsará estas reformas mediante los procedimientos previstos en la Constitución Española, promoviendo las modificaciones legislativas necesarias y, cuando resulte imprescindible, las correspondientes reformas constitucionales que permitan su plena implantación dentro del marco del Estado de Derecho.

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